jueves, 17 de septiembre de 2020

Tribunal ConstÍtucional la proteccion del consumidor es competencia de la generalitat

Tribunal Constitucional la proteccion del consumidor es competencia de la generalitat

El Tribunal Constitucional . ha dictado una sentencia en la que se establece que la protección del consumidor es competencia de la Generalitat de Cataluña, según un comunicado del gabinete jurídico central del departamento de Presidencia de la‘ Generalitat.

El conflicto se inició el pasado mes de abril de 1982 cuando a Generalitat recurrió ante el Tribunal Constitucional el real , decreto de 4 de diciembre de 1981, por el cual se atribuían a la Dirección General de Consumo de la Administración central competencias en materia de proteccción del consumidor, las cuales, según el artículo 5 del Estatuto de Autnomía, corresponden a la Generalitat.




Los preceptos impugnados atribuían a la Administración central, “preservar la libre circulación en todo el territorio nacional de bienes y prestación de servicios mediante el seguimiento, control y alta inspección, en su caso, del ejercicio de competencias correspondientes a otras administraciones públicas, así como ordenar la inmovilización de mercancías y clausura de empresas, con carácter preventivo, durante la tramitación de los correspondientes expedientes, dando cuenta, en su caso, a las autoridades pertinentes, cuando la competencia corresponda a esta administración pública”

La sentencia acoge la alegación de la Generalitat, que estima fundamentada, de conformidad con el artículo 139, 2 de la Constitución. En este artículo se consagra la libertad de circulación de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español, estableciendo un límite al ejercicio de las competencias de todo tipo de actividades obstaculizadoras incluidas, por tanto, las que pudiera llevar a término la Administración central.



Según la sentencia, la competencia en Cataluña corresponde a la Generalitat, de acuerdo con el artículo 12, 1.5 del Estatut. El Tribunal Constitucional considera correcta la tesis de la Generalitat en el sentido de que la Administración central no puede ejercer en Cataluña el control e inspección al que se hace referencia en la norma impugnada. Una vez atribuida la competencia a la Generalitat, no hay otras inspecciones o controles que los previstos por la Constitución y el Estatut.

Respecto a la posibilidad de inmovilizar mercancías o cerrar empresas con carácter preventivo, la sentencia establece que “las medidas que se enumeran van, según este Tribunal, más allá del ámbito de lo que cubre la noción de auxilio mutuo y colaboración, adoptando propiamente la forma de sustitución de funciones sin que la necesidad y la urgencia, y por consiguiente, la provisionalidad de los mismos, se invoque debidamente”

El artículo 20 del real decreto impugnado atribuía a los espectadores de consumo de la Ad ministración central la facultad de acceder directamente a la documentación de cualquier Ad ministración pública cuando lo estime necesario. Esta tesis es igualmente rechazada por el Tribunal Constitucional, que asegura que “rebasa el marco de la colaboración el acceso directo a la documentación de referencia de las respectivas comsunida des autónomas simplemente cuando lo estimen necesario los inspectores de consumo en el caso de sus actuaciones”

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